En defensa del
accionista minoritario
LA OCU presenta a
la CNMV sus 13 principios para un buen gobierno de las empresas cotizadas
Madrid,
2 de marzo de 2006. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha
dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para hacerle llegar sus
alegaciones al proyecto de “Código unificado de recomendaciones sobre buen
gobierno de las sociedades cotizadas”, que esta institución tramita en la
actualidad.
Dichas
alegaciones persiguen una mejora de la tan necesaria defensa y protección de
los intereses de los accionistas minoritarios frente a los accionistas
significativos, de forma que se garanticen sus derechos y se elimine cualquier
tipo de privilegio que genere desigualdad entre los accionistas.
Los
aspectos más importantes de este Código se centran en tratar de garantizar la
veracidad y la calidad de la información que los accionistas reciben sobre la
marcha y las actividades de las empresas cotizadas, de aportar transparencia
sobre las remuneraciones de consejeros y directivos, y de establecer
recomendaciones sobre la estructura de los consejos de administración para que
estos reflejen la realidad del accionariado.
Es
precisamente este último aspecto, la composición de los consejos de
administración el menos satisfactorios del actual proyecto de código de buen
gobierno.
Para
corregir esta situación en la redacción final del mismo, la OCU ha enviado a la
CNMV trece principios sobre el buen gobierno de las empresas cotizadas, basados
en el trabajo que desde 2003 viene desarrollando la asociación en el ámbito de
la responsabilidad social corporativa. Estos principios se pueden consultar en
la página web www.dinero15.com boletín
especializado de la OCU dirigido al consumidor en su faceta de pequeño
inversor.
Por
último, y aun recogiendo todos estos principios antes reseñados, el
cumplimiento de este Código parece que seguirá siendo por desgracia de carácter
voluntario para las compañías. Esta circunstancia hace que la defensa del
pequeño accionista a través de códigos de autorregulación resulte en muchos
casos ineficaz y sea necesario establecer una legislación que obligue a las
empresas a respetar los derechos de sus accionistas minoritarios.
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